Ya son cuatro meses de una guerra entre grupos o facciones del crimen organizado, que por cierto y aunque algunos por ahí lo nieguen, su definición como tal es correcta, dado que el origen de esa palabra (guerra), alude a un conflicto, pelea o discordia entre dos o más partes con distintos intereses, y generalmente por la vía armada. De ahí que sí, lo que estamos viviendo en la entidad es una guerra, y una discusión semántica al respecto es insustancial, a menos claro que su intención sea desviar el foco del asunto, donde lo verdaderamente importante es cuándo acabará el problema y qué se está haciendo para lograrlo.
Por lo anterior es que lejos de negar el término por el impacto lingüístico y sobre todo mediático que éste representa, lo más adecuado es proseguir con la estrategia de comunicación institucional (vocería), a efecto de que se siga informando con precisión de las acciones que están llevando a cabo, las bautizadas como BOI (Base de Operaciones Interinstitucionales). Recordemos que en estos grupos tácticos participan efectivos de la Guardia Nacional, SEDENA, policía estatal y de los municipios, aunque estos últimos como simples ornamentos, ya que es muy evidente la ausencia de preparación física, académica y policial de los gendarmes municipales.
Por lo tanto, en vía de mientras y ante la expectativa social de que las fuerzas del orden puedan restablecer por fin las condiciones de seguridad, por lo menos a los niveles en que estaba la entidad antes de aquel 9 de septiembre, cuando estalló la guerra entre facciones del cartel de Sinaloa; el anuncio hecho antier en el Congreso del Estado, es algo que por donde quiera que se le vea, resulta sumamente positivo y relevante, entre otras cosas por lo siguiente:
En primer lugar porque la presentación del denominado Plan de Reactivación Económica, más allá de haber sido expuesta a los diputados que son quienes decidirán finalmente sobre el crédito solicitado, es el hecho de que se hizo de cara a la sociedad, permitiéndonos como ciudadanos conocer a detalle en qué consiste.
En segundo término, está la detallada explicación por parte del Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, sobre la necesidad de contraer un nuevo crédito, su viabilidad financiera y fiscal para solicitarlo, su calendarización en las ministraciones, su destino, y sobre todo, su impacto económico y social. Sobre estos aspectos, el Gobernador Rocha expuso que la línea crediticia global será de 2 mil 300 millones de pesos, distribuidos en cuatro momentos con fines muy específicos. La aplicación de estos recursos, que se dispersarán en los 20 municipios de Sinaloa, a través de 36 proyectos de inversión social, se enmarcan a su vez en cuatro estrategias económicas más generales, mismas que involucran las inversiones destinadas a obra pública, programas sociales y generación de empleos, tanto por parte de la federación como del Estado, así como lo referente a la atracción de inversión extranjera directa.
Por último, además de que dichos recursos tienen un destino plenamente trazado en base a determinados impactos previstos, no sólo en lo económico y social, sino también como complemento indirecto al tema de la seguridad; está el hecho de que en la aplicación de estos dineros, habrá detrás una Comisión Plural integrada por empresarios y legisladores de todos los partidos, quienes contribuirán a una mejor fiscalización de los mismos.
Como colofón a este tema, surge una pregunta muy válida y de la que los sinaloenses esperan respuestas y consecuencias. Me refiero a que este crédito de 2 mil 300 millones de pesos que está solicitando el Gobernador Rubén Rocha, se hace en cierto modo para resarcir el daño patrimonial que se le hizo al erario público, durante la anterior administración de Quirino Ordaz Coppel.
De todos es sabido cómo deliberada y malintencionadamente, el ex gobernador y sus funcionarios de finanzas, ejecutaron auditorías mal hechas que dejaron como saldo una deuda con el SAT, casualmente por 2 mil 200 millones de pesos (cifra casi igual al crédito solicitado). Sobre esta oquedad que el aun embajador en España le hizo a las arcas estatales, la gente exige que haya consecuencias penales y resarcimiento del daño, tal como lo expresó el mismo Gobernador Rocha en una de sus mañaneras en diciembre del año pasado. Esperemos entonces que no se le dé carpetazo al asunto.
