De entrada, quizá el título de esta columna puede resultarles a muchos un tanto tendenciosa y hasta cierto punto populista, pero la realidad es que después de los avances que ha tenido la recaudación tributaria en los últimos cuatro años en México, el siguiente paso debería ser lo que últimamente y con mayor persistencia han venido recomendando diversos organismos y organizaciones no gubernamentales a nivel mundial: que los ricos paguen más.
Actualmente, la región de América Latina y el Caribe (ALC) es por mucho la de mayor desigualdad en el mundo entre ricos y pobres. Incluso tras los efectos pospandemia del Covid -19, quedó evidenciada la exacerbación que tuvo este fenómeno, donde por un lado la clase trabajadora vio reducida drásticamente sus fuentes de ingresos, y en contraparte, fueron los más ricos quienes lograron aprovechar la contingencia y usarla sin ningún pudor para especular con sus productos y servicios y con ello aumentar aún más sus fortunas. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es en esta región de ALC donde el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre, y el 1% de los más ricos obtienen el 21% de los ingresos de toda la economía. Y si se analiza la riqueza en vez de los ingresos, la desigualdad resulta aún más ofensiva, ya que el 10% de sus pobladores concentra el 75% de la riqueza total que existe en dicha región.
Lo anterior es fácilmente comprensible si consideramos que históricamente, y no sólo en ALC sino a nivel mundial, una gran parte de ese segmento de mayores ingresos siempre ha buscado cómo evadir impuestos, para lo cual cuentan con las influencias políticas y una defensoría contable y legal que termina por ayudarles a conseguir tal propósito. Aunado a esta evasión fiscal, el sistema tributario en los países de Latinoamérica es aún tan injusto que, según el estudio presentado por la ONG Oxfam (denominado “La Ley del más rico”) en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que inició apenas ayer; mientras la recaudación de impuestos al trabajo y al consumo (ISR e IVA) en esta región aumentaron 11% del 2007 al 2009, la recaudación por rentas corporativas y a la riqueza disminuyeron en un 5%.
Pero querer aumentar la tributación de este sector de la población con amagos fiscales o simples exhortos y llamados a la ética y al compromiso social, es como querer convencer a los narcotraficantes a dejar sus actividades aludiendo al daño que generan a la salud pública. Es decir, en ambos casos es la ambición y esa visión hedonista la que antepone al dinero por sobre la premisa de un humanismo moderno, considerado esto último como una nueva corriente filosófica que, sin contraponerse a la deidad y las creencias, pone como interés primigenio al ser humano, su bienestar y la justicia social.
Es por lo anterior que resulta muy meritorio la política tributaria que se ha implementado en nuestro país en los últimos cuatro años, donde a pesar de que no se ha impulsado una reforma fiscal integral que tanto hace falta, sí se han logrado aplicar medidas muy eficaces que han obligado por fin a que los más ricos paguen sus impuestos. Es así que aunado a factores y coyunturas que está viviendo nuestro país, como el superávit que ha registrado la balanza comercial y el aumento de las remesas del extranjero; las medidas que ha desarrollado el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para meter en cintura a los más acaudalados, es algo que hoy reconocen propios y extraños, medidas además que han contribuido en gran parte a mantener una estabilidad económica, lo que le ha permitido al Gobierno Federal subsidiar los diversos programas sociales y asistenciales que ha implementado.
Como datos duros e irrefutables, destaca por ejemplo que desde 2018 hasta 2022, el SAT ha recaudado a través de la recaudación a los grandes contribuyentes (aquellos con ingresos mayores a los 1,500 mdp al año), un total de 847 mil 973 millones de pesos, superando y con mucho en tan sólo estos cuatro años, a todo lo recaudado por este concepto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se recaudaron 501 mil 133 millones de pesos. Esto también ha sido un factor determinante para evitar recurrir al aumento de impuestos y/o a un mayor endeudamiento del país, a través de la adquisición de créditos con organismos financieros internacionales.
Considerando todo lo anterior y atendiendo el llamado que últimamente han venido haciendo con mayor insistencia organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organizaciones no gubernamentales como Oxfam, es que se hace necesario que México dé el siguiente paso y se impulse una nueva legislación fiscal. Con ello, además de una distribución más equitativa de lo que se recauda entre la federación, estados y municipios, se podría diseñar todo un andamiaje legal para atender lo recomendado por estos organismos, en el sentido de gravar más agresivamente la riqueza. De esta forma se podrían aumentar los impuestos a los contribuyentes de más altos ingresos, eliminándoles simultáneamente todo tipo de exenciones fiscales, incluidas las engañosas donaciones y acciones filantrópicas que suelen desarrollar, las cuales finalmente terminan deduciéndolas. Con todos estos antecedentes, se propone como inicio el aplicar un impuesto anual de hasta el 5% a los más ricos, lo que generaría tan sólo en la región de ALC, recursos adicionales por 180 mil millones de dólares, suficiente por ejemplo para duplicar la inversión que se destina conjuntamente al rubro de educación o incrementar el relativo a la salud pública en un 36%.
